FELIPE SÁNCHEZ CRUZ
LUNES 06 DE MARZO DE 2023
UN VERDADERO asomo a la realidad resultó el hurto de 800 unidades del encierro que perpetraron los funcionarios del gobierno de la transformación de 4TA que, con esto, demostraron adolecer del mal tan característico de la clase política; ser amantes de lo ajeno.
EL EDIL FRANCISCO MARTÍNEZ, asegura que se investigará este hurto y que “se llegará hasta las últimas consecuencias, tanto en lo penal como en lo administrativo”.
CLARO una cosa es decir y otra cosa es hacer, todos los ciudadanos estamos a la espera de que realmente haya una aplicación de la ley y se castigue semejante robo. Esperemos que este ofrecimiento de justicia no vaya terminar como el caso de su antecesor Oswaldo García ¿Qué nos puede decir el gris presidente municipal sobre esto último?
HAY que recordar que el mismo MARTINEZ denunció la “deuda histórica de 386 millones de pesos” que dejó su antecesor y hasta dijo; “las Fiscalías Federal y Estatal (FGR Y FGO), el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y la Auditoría Superior de la Federación ya tienen los expedientes” (Escaparate Político 14/07/2022). Pero una cosa es desgañitarse, acusar, dar números y otra muy diferente actuar y procurar que se castigue a quien obró mal.
ESPEREMOS que, el caso del “encierro primavera” no termine tan impune como el caso Oswaldo. Lo único que se ha visto con esto es que, el hecho de cambiar al partido político en el poder no sirve de nada porque los políticos y muchos de sus burócratas operadores siguen teniendo la misma “predisposición genética” a tomar lo ajeno.
VEO muy difícil que la solución al robo gubernamental pueda venir de los actores políticos, al contrario, la sociedad civil tendrá que proponer alternativas de solución y presiones para la clase gobernante. Cierto que castigar el robo es una demanda sentida, pero más interesante sería cambiar el rumbo de las cosas, imposibilitar que vuelva a ocurrir.
ESTÁ CLARO que la forma en que actualmente se operan los encierros están hechos para el robo vil y llano. Las tarifas por recuperar una unidad (infracciones) arrastre, derecho de piso, son tan elevadas que hacen IMPOSIBLE que muchos afectados puedan recuperar sus vehículos, hasta pareciera que calcularon inflar tanto los costos para que al imposibilitar el rescate de unidades éstas se puedan rematar furtiva y corruptamente, llevándose grandes utilidades sin invertir un solo peso.
EN ESCAPARATE POLÍTICO (el pasado 05 de enero de 2023) narré precisamente cómo tiempo atrás un ciudadano afectado por estas tarifas impagables optó por dejar su auto en el encierro no sin antes, denunciar que su vehículo había sido robado. ¿Resultado? Una grúa retiró unidades para “ventas” furtivas. El vehículo denunciado astutamente como robado, al tener el registro REPUVE, emitió la alerta de vehículo al pasar por uno de los arcos de seguridad.
OBVIAMENTE elementos de distintas corporaciones detuvieron al operador de la grúa y en medio de un gran borlote, con pretextos absurdos lograron maquillar el objetivo que era la sustracción de la unidad con fines de venta. Dijeron que iban a cambiar de encierro la unidad, que la grúa ya iba rumbo a Etla (y no al encierro) porque el chofer que remolcaba se extravió. Se logró acallar el hurto.
¿Los afectados por este tipo de pérdidas (los que ya no pueden sacar sus unidades por los elevados costos) tendrán acaso que denunciar como robadas sus unidades para acabar con este esquema usados por los funcionarios?
¿Se tendrán qué reducir los costos de las multas o para qué quiere el gobierno imposibilitar a alguien (con costos tan excesivos) el recuperar su unidad cuando son llevadas al corralón?
MUCHAS cosas tendrán que replantearse, explicarse, luego de la gran exhibida que han dado al Ayuntamiento en sus prácticas de hurtar el patrimonio de los ciudadanos. Castigar a los funcionarios involucrados sería apenas el principio, lo interesante es cómo frenar, a futuro, estas prácticas.
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