Alfredo Martínez de Aguilar
La Jueza federal Martha Magaña que otorgó la suspensión provisional para que la Cámara de Diputados no avanzara con la discusión de la Reforma Judicial concedió la suspensión definitiva.
Mil 100 jueces y magistrados solicitaron a la CIDH intervenir para evitar la reforma judicial, porque apunta hacia un “golpe de Estado, enmascarado bajo un discurso democratizador“.
Tras el Martes Negro en México con la aprobación de la repudiada Reforma Judicial por la aplanadora de Morena y sus aliados, esta toma un nuevo giro a nivel nacional e internacional.
Fue más que evidente el desaseo y flagrante violación al proceso legislativo en una sede alterna, e ignorando los reclamos y protestas de miles de estudiantes y trabajadores del poder judicial.
Por el desacato a las dos suspensiones provisionales la crisis institucional se convirtió en crisis constitucional estallada por la Cámara de Diputados con las graves consecuencias que ello tiene.
La Jueza federal Martha Magaña que otorgó la suspensión provisional para que la Cámara de Diputados no avanzara con la discusión de la Reforma Judicial concedió la suspensión definitiva.
A ello se suma una tercera suspensión del proceso de la Reforma Judicial en el Juicio de amparo indirecto 1255/2024, a fin de combatir el artículo 186 del Reglamento de la Cámara de Diputados:
“Los dictámenes a los que se haga declaratoria de publicidad, que no llegue a resolver el Pleno de la legislatura que los conoció, quedarán con el carácter de proyectos, bajo resguardo de la Mesa Directiva, y serán discutidos y votados en el Pleno de la siguiente legislatura, durante el primer periodo de sesiones ordinarias, del primer año de ejercicio”.
Los quejosos, Jueces del sistema de justicia laboral sin adscripción, lograron que aún en suspensión parcial de labores se emitiera de oficio la suspensión, con la naturaleza de urgente.
Se pondrá en riesgo la revisión del T-MEC al violar sus reglas y tirará por la borda la oportunidad histórica del nearshoring y la confianza internacional en México como país seguro para invertir.
El Embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, reiteró que hay mucha preocupación por la reforma al Poder Judicial y las malas decisiones afectarán la relación entre ambos países.
Mil 100 jueces y magistrados solicitaron a la CIDH intervenir para evitar la reforma judicial, porque apunta hacia un “golpe de Estado, enmascarado bajo un discurso democratizador“.
Previo a la discusión de la Reforma Judicial hubo protestas en el Senado “Sin poder judicial, ¿Quién te va a amparar?“, “¡México despierta!, dictadura a la vista“ y “Andrés entiende, la justicia no se vende“.
Si todos los senadores del PRI cierran filas contra la Reforma Judicial, salvarían la división de poderes y legitimarían su futuro en la democracia. De no ser así, la historia los condenará.
alfredo_daguilar@hotmail.com
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