Raymundo Ibáñez del Castillo.
La incautación de más de una tonelada de fentanilo en Sinaloa, con un precio superior a los ocho mil millones de pesos, considerado como el decomiso más grande en toda la historia del país, causó revuelo, sobre todo porque México, está a la cabeza de una lista de 193 países en donde se clasifican las actividades económicas ilícitas como el narcotráfico, elaborada por la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Trasnacional; y también porque es el deshonroso “paraíso mundial de los mercados criminales”.
Lo curioso del caso, supuestamente ”derivado de una investigación desde hace tiempo”, cuando más que el resultado de “inteligencia policial”, parece un “chiripaso” del operativo implementado por la Secretaría de Seguridad federal, al mando de Omar García Harfuch, quien se empoderó en la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México en tiempos de Claudia Sheibaum Pardo; y ahora, convertido en materia de seguridad, en el más poderoso del régimen autoritario del docenio, incluso, por encima del Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.
Después de que los capos del narcotráfico en México, desataron la guerra en Sinaloa, desde hace más de tres meses, con una masacre de más de 500 muertos, sin que nadie pudiera detenerlo, llegaron a esa entidad, elementos del Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República, supuestamente para poner orden y acabar con los bloqueos de carreteras, explosiones y sobre todo para garantizar la paz y la tranquilidad de los sinaloenses.
Pero no se trata nada más de protagonismos o engaños, o de utilizar toda la fuerza del Estado y proteger a los de un cártel y a los otros no, sino de restablecer, en su estricto sentido, la seguridad de la ciudadanía, que ha vivido horas, días, semanas y meses de terror, bajo la violencia desatada por el narcoterrorismo, cuando no debió permitirlo nunca el Estado mexicano.
En el transcurso de las próximas horas y los días posteriores al inicio del impresionante operativo de las fuerzas de seguridad en Sinaloa, serán determinantes para conocer hasta que punto el gobierno federal, está dispuesto a restablecer la paz y la tranquilidad para los mexicanos, después de que durante seis años, fracasaron los besos y abrazos a los delincuentes.
Más allá de la cuantiosa incautación de más de una tonelada de la droga sintética conocida como fentanilo, que ojalá y que haya sido “sin mirar a quien”, no se haya llevado a cabo para debilitar a una de las bandas criminales del narcotráfico en Sinaloa y fortalecer a otra, cuando que por encima del narcoterrorismo que se disputan el territorio nacional y del que se han apoderado, está la seguridad, la integridad física y patrimonial y la vida de los mexicanos y, por lo consiguiente, la paz y la tranquilidad de México.
Más, cuando sabemos de sobra, que según las autoridades estadounidenses, desde 2019, es decir, un año después de que se inició el docenio del autoritarismo en México, la mayoría de la droga sintética del fentanilo, es fabricada en nuestro país, utilizando precursores provenientes de China que son internados al territorio mexicano por medios de transportación terrestre y marítimo.
Y si bien es cierto que el fentanilo ilegal que se consume en la Unión Americana, provino durante años y décadas desde China, también es cierto, que fue a partir de 2019, es decir, desde hace 6 años, cuando los cárteles mexicanos se convirtieron en los principales abastecedores del opioide sintético terminado, según señalan informes del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.
