Cuando en el Istmo de Tehuantepec se vive otro violento episodio con la toma del palacio municipal de Matías Romero, el secuestro de una veintena de empleados y el cierre de la carretera Transístmica en protesta por la corrupción del edil Manuel Solana Morales (Morena), trasciende multimillonario desfalco en 5 municipios más: Oaxaca de Juárez, Huajuapan de León, Salina Cruz, Tlaxiaco y Tuxtepec.
Esa misma vía fue bloqueada el mes pasado por las agencias del municipio Mixe de San Juan Mazatlán con expresiones bárbaras de violación de los derechos humanos. Hasta que recibieron sus participaciones se sosegaron. Hoy nuevamente se vive la bestialidad como método para reclamar lo que muchas comunidades sienten suyo: las participaciones federales del ramo 28.
Son expresiones de violencia extrema por la opacidad con que la mayoría de los presidentes municipales manejan el presupuesto que reciben. Si de los fondos federales que recibe cada municipio no rinden cuentas pese a que son recursos auditables, de los llamados ingresos propios nadie sabe el destino. Además, han creado con diputados y expertos un sistema cuasi mafioso para disfrazar la salida de tanto dinero.
AUDITORES CÓMPLICES
El Congreso del estado es la instancia obligada a revisar el destino de presupuestos municipales a través de su apéndice llamado Órgano Superior de Fiscalización a cargo del chiapaneco Guillermo Mengchú quien, sospechosamente, no encuentra una sola huella de desvío en los Ayuntamientos. No hace revisiones a fondo a pesar de que tiene toda la información. Son los diputados los que aprueban la ley de ingresos de cada municipio. La federación entrega los fondos municipales al gobierno del estado y este lo distribuye a cada Ayuntamiento. De cada ministración de recursos el Congreso recibe información oportuna. Por eso los diputados saben lo que recibe cada presidente municipal de su distrito y entra en negociación con ellos. No para una distribución adecuada con sus agencias sino para ver cuanto pueden robarse.
Para no transparentar los recursos invocan la autonomía municipal, se coluden con los diputados y auditores del OSFE. Obtienen impunidad a la sombra del sistema corruptor que han perfeccionado.
LOS ATRAPA LA ASF
Pero si este sistema estatal los solapa, la Auditoría Superior de la Federación les agarró los dedos con la puerta.
Dice el reporte que en cinco municipios de Oaxaca los alcaldes son investigados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). No comprobaron recursos públicos que recibieron de la Federación en el año 2019. El Informe indica que esos Ayuntamientos pueden caer en responsabilidad oficial por daño al erario en 2019 por un monto que supera los 25 millones de pesos.
Así lo confirma este órgano fiscalizador en su Informe final sobre la Cuenta Pública 2019.
Los ediles agarrados con sus malas cuentas son: el de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas; el de Tlaxiaco, Gaudencio Cruz; el de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez. Infaltable en los asuntos de corrupción está el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín. El caso más novedoso de corrupción es el de la presidenta municipal Huajuapan de León, Juana Cruz quien ejerce un gobierno dual con su pareja Pedro Silva. Ambos eran del PRD y hoy lucen los colores del Morena. Resulta que estos dos no han podido comprobar el destino de 14.8 millones de pesos. Alegan que el dinero que les transfirieron al banco lo perdieron porque la cuenta “fue hackeada”. En su intento por justificar tal escamoteo de dinero presentan una denuncia penal que, dicen, hicieron ante el Ministerio Público.
En tres de los casos el dinero que no justifican estos ediles proviene del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF). Es decir, recibieron recursos para obras sociales que no realizaron.
OSWALDO GARCÍA
En el caso del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez que preside el morenista Oswaldo García Jarquín, la ASF presentó dos pliegos de observaciones. En la auditoría con folio 2019-D-20067-19-1022-06-002, se especifica que hay probable daño, perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 10 millones 964 mil 801.81 pesos.
En el primer dictamen, la observación fue por 7 millones 775 mil pesos, recursos pertenecientes al FISMDF 2019 y destinados a la obra Construcción de 12 Aulas de la Escuela Primaria Independencia en el Paraje La Magueyera, Clave 20DPR3520N Agencia Viguera. Indican que se programó el equipamiento para su operación; sin embargo, no cumplieron y no está funcionado. La otra observación indica que no ejerció tres millones 189 mil pesos en obras autorizadas, pero tampoco reintegró tal cantidad.
